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Procuraduría General de la Nación confirmó suspensión a exconcejales de Tutazá en Boyacá

Iglesia del munipio de Tutaza ubicado en la provincia del tundama. Foto archivo particular.

Fuente: PGN

Los investigados celebraron contratos para mantenimiento de vías veredales dentro del año anterior a su elección.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad por el término de doce meses a los señores Luís Felipe Rodríguez Benavides y Nelson Fabio Ojeda Benavides, en su condición de concejales del municipio de Tutazá, Boyacá, para la época de los hechos, por haber suscrito dentro de los doce meses anteriores a su elección convenios interinstitucionales con la Gobernación de Boyacá.

El Ministerio Público comprobó que el 22 de octubre de 2007,  el señor Luis Felipe Rodríguez Benavides suscribió con el departamento de Boyacá durante el año inmediatamente anterior a su elección como concejal un contrato por valor de tres millones de pesos ($3’000.000) con destino al mantenimiento rutinario vial de la vereda Llano del Carmen del mismo municipio.

De otra parte, el señor Nelson Fabio Ojeda Benavides suscribió el 8 de octubre de 2007 un contrato con el departamento de Boyacá con el fin de hacer mantenimiento rutinario vial de la vereda Llano El Páramo del municipio de Tutazá, por valor de tres millones de pesos ($3’000.000).

En razón a que los disciplinados ya no ejercen función pública, la sanción fue convertida en el equivalente a los salarios percibidos para la época de los hechos.

Sancionan a jurado de votación

De otro lado la Procuraduría General de la Nación  sancionó con multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de un año a la señora Mercedes Ávila Ávila, en su calidad de jurado de votación el 8 de julio de 2007.

De acuerdo con la investigación, la señora Ávila Ávila, en su condición de particular en ejercicio de funciones públicas como jurado de votación en la mesa 2 del municipio de Viracachá, Boyacá, alteró el resultado de la consulta popular realizada en ese municipio el día 8 de julio de 2007.

En el fallo de primera instancia la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa demostró que la investigada marcó de manera irregular 18 tarjetones electorales a favor del candidato Germán Rivero Romero quien se encontraba ubicado en la casilla 27 por el partido conservador.

Con esta actuación la investigada incurrió en falta disciplinaria al realizar una conducta que se encuentra tipificada en el artículo 394 del Código Penal como delito de voto fraudulento.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

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