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Opinión | Planes de desarrollo con participación remota

Opinión | Planes de desarrollo con participación remota

La ruptura en los paradigmas que ocasionó la pandemia del COVID-19 también se vio reflejada en los reprocesos, retos y desafíos que debieron afrontar los gobernadores, alcaldes, líderes comunitarios, diputados y concejales para poder cumplir con sus compromisos en el proceso de diagnóstico, formulación, socialización y adopción de los Planes de Desarrollo Territorial, interactuando por medio de las pantallas de sus computadores, Smart Phone y tablets pero sin salir del marco normativo de la Ley 152 de 1994.

En cuanto al diagnóstico, inicialmente se realizó bajo ciertas expectativas, que debido a la emergencia decretada el 20 de marzo debió sufrir un reproceso, replanteando así los pronósticos del Desarrollo. Aspecto importante para la formulación, dado que aquí se identifican las brechas sociales y priorizan las problemáticas, utilizando como base las series estadísticas y los talleres comunitarios, permitiendo puntos de referencia o las líneas base de indicadores, para medir los objetivos y las metas del desarrollo.

La formulación de la parte estratégica también fue reformulada a mitad de camino, dado que el documento entregado antes de finalizar el mes de febrero al Consejo Territorial de Planeación (CTP) y a la Corporación Ambiental (CA) quedó obsoleto, haciendo necesario comenzar de nuevo, pues los planes de desarrollo territorial ahora no sólo deberían dar respuesta a los programas de Gobierno, sino también atender y mitigar los efectos impredecibles de emergencia que vive el país.

En un escenario muy difícil y con limitaciones técnicas, de movilidad y de prohibiciones para reunirse al debate, inició la etapa de socialización por parte de los consejos territoriales de planeación y las corporaciones ambientales, quienes, como órganos consultivos, tenían el deber de emitir un concepto.  Debieron hacer doble trabajo, primero revisar el preliminar obsoleto y segundo reformulado de manera remota, todo un reto para quienes no estaban a la vanguardia de las tecnologías de información y comunicaciones –TIC- ni contaban con el acceso a internet.

Luego vino la socialización remota por parte del mandatario a los líderes comunitarios, cumpliendo con el derecho a la oposición, para así enviarle a los corporados el proyecto, antes de finalizar abril, para su respectivo estudio, con el fin de decidir sobre su adopción y/o no aprobación del mismo.

Sin embargo, para este periodo constitucional 2020-2023 el Presidente emitió el Decreto Legislativo 683 de mayo de 2020, permitiendo la presentación excepcional de los planes que no fueron allegados en la fecha oportuna y/o que se encuentran en trámite y requieren ajustes por la pandemia, dando plazo hasta el próximo 15 de junio.  De no ser adoptados por la corporación y la ley, el Decreto Legislativo 683-2020 prevé que le corresponde al Alcalde ponerlo en vigencia mediante decreto.

Todo un desafío este proceso, en condiciones de presencialidad remota, que sin duda nos dejará una lección de participación, articulación y pulso político entre las instancias de poder del Estado, ejemplo de buena práctica de transparencia y buen gobierno; y finalmente dos incógnitas: ¿Quiénes lo cumplieron? y ¿Cuándo el internet será un derecho fundamental?

Por: José Neil González Sandoval

 

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Felipe Alvarez

Profesional en administración pública territorial universidad Politécnico Grancolombiano (Bogotá-Colombia), grado superior en desarrollo de aplicaciones muliplataforma (Universidad Europea de Madrd). Especial interés en gobierno electrónico, comercio electrónico, Nuevas tecnologías y responsabilidad social corporativa. Fundador de REDmocracia.org

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